Fernando De la Torre, segundo en la lista de candidatos del Movimiento Revolución Ciudadana (RC, lista 5), fue investigado por incumplimiento de decisiones de autoridad competente, ya que en febrero de 2023 habría agredido a su esposa, a pesar de que ella tenía una orden de auxilio a su favor.De la Torre fue aprehendido, pero nunca se llegaron a formular cargos, ya que se determinó que el político no había sido notificado con la boleta. Fundamedios intentó contactar al candidato por teléfono, pero tras escuchar la primera pregunta sobre esta causa, cortó la llamada y no volvió a contestar. El otro caso es el de Luis Alberto Menacho Menacho, cuarto aspirante de Democracia Sí, lista 20. Menacho fue investigado por violencia física contra la mujer o del núcleo familiar, pero el caso fue archivado por falta de indicios. El candidato fue contactado a través de correo electrónico, teléfono y por medio de Democracia Sí. A través de esta última vía, Marcelo Merino, dirigente de la organización en Imbabura, ofreció hacer el acercamiento, pero al final nunca se concretó. Entre los otros candidatos que están relacionados con procesos penales está el caso de Hilda Congo Padilla, cuarta en la lista del Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN, lista 7). Entre 2020 y 2023, la postulante tuvo casos por fraude procesal, abuso de confianza y destrucción de bienes patrimoniales relacionados con su trabajo como abogada. La candidata fue contactada para hablar acerca de estos procesos. En primer lugar, refirió a un asesor para que atendiera las preguntas, luego ofreció enviar las respuestas por correo electrónico, pero finalmente, nunca llegaron.Su compañera de lista, Patricia Unda Vanegas, tuvo casos por hurto y estafa que fueron archivados. Los casos estaban relacionados con un problema privado con su pareja y un fallido proyecto gastronómico en Otavalo. La candidata fue consultada por correo electrónico, pero su equipo de comunicación manifestó que no iba a dar respuesta por escrito y tampoco atendió una entrevista. Otro caso es el de Lucía Posso Naranjo, actual asambleísta y primera candidata por la alianza conformada por los partidos Avanza y SUMA (listas 8-23). En el Satje aparece que Posso fue investigada por estafa en 2018. A través de un correo electrónico, Franklin Artos, abogado de la candidata, indicó que la denuncia no tenía fundamento por lo que, tras cinco meses, la Fiscalía solicitó el archivo, que fue ratificado por la autoridad provincial del Ministerio Público. Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. 37 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información. Candidatos sin experienciaDe la revisión de los registros públicos de la Contraloría General del Estado (CGE), se evidencia que 28 candidatos, que representan el 47 por ciento de quienes buscan una curul por Imbabura, no han registrado declaraciones patrimoniales juramentadas. Esto significa que, al menos desde 2015, estas personas no han ocupado cargos en el sector público. Si llegan al Legislativo, […]
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