Primera Impresión

Durante la sesión extraordinaria, el organismo, por unanimidad, resolvió la transferencia económica de USD 145.077,75 al Municipio de Pimampiro para el mejoramiento de la vía Pimampiro – Santa Rosa- Paragachi, que tiene un costo total de USD 282.000 Esta decisión se enmarca en el modelo de gestión “Contigo Construimos”, que permite ejecutar obras viales con corresponsabilidad institucional y comunitaria, optimizando recursos y garantizando eficiencia. Puso como ejemplo la exportación de mandarina sin semilla de esta zona, como un hecho que evidencia el impacto directo de la inversión vial en la economía local. La sesión evidenció el compromiso de las instituciones, con un trabajo basado en la planificación y liderazgo político. El Consejo Provincial ratificó su visión de una Imbabura conectada, productiva y con obras que dignifican la vida en las comunidades.

En el cantón Otavalo, durante el control a varios establecimientos comerciales, se identificaron un total de 3.250 productos alimenticios sin notificación sanitaria, provenientes de Perú y Colombia, los cuales se encontraban en perchas para su comercialización sin cumplir con la normativa sanitaria vigente. Asimismo, en la ciudad de Ibarra, personal técnico de Arcsa, junto con miembros de la UDAR y la Comisaría Nacional, ejecutaron un operativo similar, donde se detectaron 394 productos alimenticios sin notificación sanitaria y otros productos presuntamente de contrabando, que no contaban con el respaldo documental requerido para su comercialización legal en el país. Los productos fueron retirados del mercado conforme al procedimiento legal correspondiente. Arcsa reitera a la ciudadanía que todos los productos procesados destinados al consumo humano deben contar con Notificación Sanitaria ecuatoriana, lo cual garantiza que han sido evaluados por la autoridad sanitaria para verificar su seguridad, calidad y aptitud para el consumo. La adquisición de productos sin este respaldo representa un riesgo para la salud. Se recuerda a la población que puede ser parte del control sanitario, reportando cualquier tipo de irregularidades que puedan darse en productos de uso y consumo humano, a través de la aplicación Arcsa Móvil, que puede descargarse gratuitamente en Play Store y Apple Store.

En rueda de prensa, se presentó oficialmente la Quinta Edición de la Cicloaventura “Ruta del Inca”, que se realizará el próximo 12 de octubre de 2025. El evento, que propone un recorrido de 34 kilómetros, desde el parque Ciudad Blanca de Ibarra, (sector ECU 911), hasta el parque Central de Mariano Acosta, cantón Pimampiro, fue destacado como una jornada de integración, naturaleza y vivencia comunitaria. Este no es un evento competitivo, sino una experiencia abierta a ciclistas de todos los niveles, incluidos niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores y familias. La inscripción está disponible en tres modalidades, mediante plataformas digitales y códigos QR.

El Consejo Provincial de Imbabura sesionó de forma extraordinaria, con la aprobación de la reforma a la ordenanza que establece el presupuesto institucional del presente año. La modificación responde a ingresos extraordinarios y ahorros generados por una gestión eficiente, así como a la necesidad de redistribuir recursos ante emergencias y programas sociales importantes, como el de alimentación escolar y salud rural. En el orden del día se autorizó al prefecto Richard Calderón la suscripción de un convenio de dación en pago con el Ministerio de Economía y Finanzas, ante una deuda acumulada por transferencias pendientes y devolución de IVA. El monto de $4,1 millones se sumará a los $5 millones en bonos ya registrados anteriormente, alcanzando un saldo total de $9,1 millones en títulos valores de deuda pública interna. Además, se reafirmó el compromiso de ejecutar proyectos con recursos propios y maquinaria institucional y mantener convenios de cofinanciamiento, como los 17 kilómetros de vialidad rural programados junto al Municipio de Ibarra, en el marco del plan “Contigo Construimos”, en beneficio de la población imbabureña.

En el marco del análisis del proyecto de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional recibió las observaciones del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), que planteó varios puntos cruciales para garantizar una descentralización real en el país. Guillermo Salazar, director de Asesoría Jurídica del CONGOPE, intervino en la sesión parlamentaria para exponer un compendio de observaciones formuladas por las prefecturas. A su criterio, uno de los mayores desafíos radica en el fortalecimiento de la descentralización, la misma que —según señaló— se ve limitada por el control del Gobierno Central sobre competencias que deberían ser netamente locales. “Las competencias están tuteladas por el Gobierno Central, lo que desnaturaliza la descentralización”, cuestionó Salazar al referirse también al rol de la Superintendencia de Uso y Gestión del Suelo. Además, abordó temas sensibles como la asignación presupuestaria para grupos de atención prioritaria, la falta de representación del presidente de la junta parroquial rural en la normativa, las causales de remoción de los ejecutivos de los GAD —que propuso se limiten a sentencias ejecutoriadas—, el número de habitantes necesarios para la creación de nuevas parroquias y la posibilidad de suscribir convenios para servicios públicos de carácter social. Definiciones En respuesta a estas observaciones, el asambleísta Pablo Jurado, con una amplia trayectoria como Concejal de Ibarra y Alcalde de Ibarra, Prefecto de Imbabura y expresidente del CONGOPE, aportó con una visión histórica sobre la gestión y autonomía de los GAD´s. Consideró fundamental eliminar ambigüedades en la ley. “Por ejemplo, actualmente existe la palabra podrán; eso tiene que cambiar por deberán. Solo así se deja explícitamente citada la obligatoriedad de cada autoridad y su competencia en su territorio”, expresó Jurado. El legislador Xavier Lasso coincidió con esta posición y subrayó la importancia de que la redacción del COOTAD reformado sea clara y aplicable por parte de los gobiernos locales. Desde otras bancadas, también hubo aportes. Milton Aguas pidió mayor precisión en la definición de atribuciones de las autoridades para evitar superposición de funciones y trabas en el acceso a recursos. Por su parte, Patricia Núñez resaltó la necesidad de garantizar competencias para las viceprefecturas y consideró prioritaria la creación de nuevas parroquias en zonas históricamente excluidas.

Los sectores afectados son: Av. Eugenio Espejo entre Av. Ricardo Sánchez y Av. Teodoro Gómez de la Torre; Av. Teodoro Gómez de la Torre entre Av. Eugenio Espejo y Av. Heleodoro Ayala; Gasolinera Petrocomercial; Av. Heleodoro Ayala entre Av. Teodoro Gómez de la Torre y calle Jorge Dávila Meza; Clínica Ibarra; Parque República de Chile; Av. Mariano Acosta entre calle Juan Genaro Jaramillo y Fray Bartolomé de las Casas; calle Jorge Dávila Meza entre calle Heleodoro Ayala y Ernesto Sandoval; Av. Cristóbal de Troya entre Av. Fray Vacas Galindo y Redondel de la Madre; Av. Mariano Acosta entre Redondel de la Madre y Fray Vacas Galindo; y el Centro Comercial La Plaza Shopping.

Durante la intervención, se encontraron indicios que vinculan a estos establecimientos con el hurto de cables eléctricos, medidores de agua y cableado de semáforos, afectando gravemente a instituciones como el Municipio de Ibarra, EMAPA-I, EMELNORTE y Movidelnor. La Municipalidad de Ibarra reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha contra actos ilícitos que atentan contra el bienestar común. Continuamos trabajando por una ciudad más segura, ordenada y transparente.

La priorización de obras en Cotacachi se realiza mediante un proceso participativo que involucra a las comunidades y barrios del cantón. Este proceso inicia con asambleas en cada cabildo donde se decide, en consenso, las obras a priorizar, luego se notifican al Municipio para la verificación técnica y presupuestaria. Finalmente, se realiza la Cumbre Cantonal para la aprobación final.  La participación ciudadana es fundamental para el desarrollo del cantón, puesto que, al involucrarse en la toma de decisiones y priorización de obras, se puede garantizar que los proyectos respondan a las necesidades reales de la población y no ha decisiones de las autoridades de turno. Además, particularmente en Cotacachi se aprobó la ordenanza del Sistema de Participación del cantón Cotacachi “Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi”; instrumento legal que fortaleció el proceso de organización y participación social a nivel cantonal, que se basa en extender las prácticas ancestrales de gestión comunitaria y participativa. Alfaro Vallejo, coordinador general del Municipio de Cotacachi informó que es importante que luego de haber recibido las fichas convoquen asambleas en las comunidades y entre todos prioricen las obras. “En estos dos años de administración lamentablemente en algunos sectores no se reúnen con la gente, toman las decisiones entre los directivos y luego ello conlleva a que la comunidad a la mitad de los procesos administrativos paralice todo y soliciten modificaciones. Eso hace que los proyectos demoren y se genera malestar en la población”, mencionó. En los próximos días se entregarán las fichas a los representantes de los barrios urbanos y a las parroquias de la zona de Intag.

El alcalde del Cantón, César Escobar Vallejos expresó que con este aporte se reafirma el compromiso de salvaguardar la paz, la seguridad y la convivencia ciudadana, así como el fortalecimiento logístico de la Policía Nacional. Por su parte, el Comandante de la Zona 1, Coronel Marco Narváez Fuel, expresó que esta gobernanza colaborativa, del GAD Municipal al invertir en seguridad, le apuesta al desarrollo, cohesión social y futuro. En tal virtud realizó un reconocimiento público al Alcalde y su Concejo Municipal, por esta donación, lo que refleja la firme convicción de aportar al bienestar ciudadano.

La intervención, basada en información de Inteligencia Militar, permitió la incautación y destrucción de un importante volumen de materiales utilizados en actividades ilícitas. Entre lo decomisado destacan: Gran parte del material fue hallado en caletas improvisadas bajo tierra. Su destrucción estuvo a cargo de técnicos del Grupo EOD del Ejército, con el respaldo legal de la Agencia de Regulación y Control de Recursos Naturales No Renovables (ARCOM). La operación también incluyó la coordinación con fuerzas militares colombianas para asegurar el sector fronterizo de Tallambi, con el objetivo de prevenir posibles acciones hostiles de Grupos Armados Organizados (GAO) desde el lado colombiano. Según estimaciones oficiales, las pérdidas económicas para estas estructuras ilegales ascienden a aproximadamente 1,7 millones de dólares. El Ejército Ecuatoriano reiteró su compromiso con la defensa del territorio, el orden interno y la seguridad ciudadana, y aseguró que estas operaciones se mantendrán de manera sostenida en la provincia del Carchi para recuperar la paz y el desarrollo en la región.