Año: 2025

Esta medida, estará vigente hasta el 23 de junio de 2025 y tiene como objetivo garantizar y agilizar el acceso a trámites y servicios tanto públicos como privados. Esta disposición, que se sustenta en principios constitucionales como el derecho a la identidad, la seguridad jurídica y el servicio público eficaz, establece que los ciudadanos ecuatorianos y personas extranjeras domiciliadas en el país, podrán continuar utilizando sus cédulas caducadas como documentos válidos de identificación hasta la fecha señalada. La resolución que recoge esta medida también establece que el Certificado de Identidad y Estado Civil, disponible en la Agencia Virtual del Registro Civil (www.registrocivil.gob.ec), será reconocido con la misma validez legal que el documento de identidad. Este certificado puede descargarse de forma rápida, segura y tiene un costo de 5 dólares. Además, el equipo del Registro Civil estará presto para orientar y ayudar al ciudadano en la obtención de este documento en todas sus agencias a escala nacional. Así como en los 955 Puntos Digitales en todo el país. Las instituciones públicas y privadas deberán aceptar las cédulas caducadas o el certificado antes mencionado como medios válidos de identificación, en cumplimiento con los artículos 2 y 3 de la resolución emitida por la Máxima Autoridad del Registro Civil. Ottón Rivadeneira, director general del Registro Civil, puntualizó que: «Esta decisión se enmarca en nuestra responsabilidad institucional de brindar soluciones oportunas y garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos. La extensión de la vigencia de la cédula permitirá a miles de personas continuar con sus trámites y actividades sin interrupciones». Es preciso señalar que, el Registro Civil brinda con total normalidad los 11 servicios y 30 trámites generales en las 224 agencias a escala nacional, así como el cumplimiento del promedio mensual histórico de producción del documento de identidad. Entre enero y abril de 2025, se han entregado 837.904 cédulas. El Registro Civil trabaja coordinadamente con el Instituto Geográfico Militar, en el proceso de entrega de insumos con los niveles técnicos y estándares internacionales de seguridad, para la emisión de cédulas y pasaportes.

Científicos del Centro de Investigación Genética y Genómica (CIGG) de la Universidad UTE, dirigidos por el investigador César Paz y Miño, encontraron que como resultado de siglos de fusiones, mestizos, indoamericanos y afroecuatorianos, compartimos genes, aunque en distinta proporción. Mestizos Indoamericanos Afroecuatorianos Mediante esta investigación además se puede mapear los riesgos y vulnerabilidades frente a ciertas patologías de la población. Fuente y reportaje completo: Revista Vistazo Ecuador.

El grupo se formó tras la desmovilización del Frente 48 de las FARC en 2016. Las Fuerzas Armadas llegaban por vía aérea a la zona de «Sardinas», en la frontera con Colombia, donde opera este grupo y existe actividad de minería ilegal. Dos de los militares asesinados serían oriundos de Imbabura, de las ciudades de Ibarra y Antonio Ante. Fotos: Referencias

El prefecto de Imbabura, Richard Calderón, firmó con el alcalde del cantón Urcuquí, Jorge Manrique, el convenio de cooperación interinstitucional y transferencia de recursos, con el objetivo de ejecutar obras viales, a través de la fórmula de delegación de competencias y gestión concurrente, en beneficio de la población del territorio de Urcuquí. A través de esta acción, se pondrá en marcha el adoquinado de la calle Carlos Humberto de la Torre, entre la avenida Arcángel San Miguel y la calle San José; la calle San José, vía a Yachay, entre la calle Carlos Humberto de la Torre y el Subcentro de Salud “Juan Martín Moreira”; y, la vía que conduce a la Unidad Educativa del Milenio “Yachay”. De acuerdo con el compromiso suscrito, la Prefectura aporta con un monto económico de 150.000 dólares, que servirán exclusivamente para la compra de adoquines. En ese mismo orden, designó un administrador del convenio, el cual tendrá la responsabilidad de realizar el seguimiento de la inversión, mediante informes que se levantarán en el transcurso de las obras. En total, 367.325 dólares costará la ejecución de estos proyectos, resumidos en el movimiento de tierras, colocación de subbase; procesos de contratación; compra de adoquines; y, otros ajustes económicos que se dan en este tipo de trabajos. El mejoramiento vial beneficiará, de manera directa, a 6.551 habitantes, pertenecientes a la cabecera cantonal y a 17.969 de todo este territorio, tomando en cuenta que la vía hacia la Unidad Educativa del Milenio “Yachay”, se encuentra en un sitio rural, por donde circulan diariamente cientos de personas, para cumplir actividades ligadas a la educación y a la producción agrícola.

Estas medidas, contempladas en el proyecto de Ordenanza para la regulación y control de la circulación vehicular en el cantón, establecen horarios específicos para carga y descarga, así como rutas exclusivas para el ingreso y egreso a la ciudad, con el fin de reducir el congestionamiento vehicular y mejorar la movilidad urbana. Mauricio Larrea, gerente de transporte y planificación de esta institución, explicó que esta regulación responde a un análisis técnico que busca equilibrar las necesidades comerciales con el flujo vehicular de la ciudad. “Se han definido horarios exclusivos para la carga y descarga de productos en estos establecimientos, que serán de 09h00 a 11h30 y de 19h00 a 6h00, a fin de evitar congestionamientos en las horas de mayor circulación”, señaló Larrea. Por su parte, Michael Jiménez, titular de Movidelnor, destacó los beneficios de esta medida para la ciudad. “Con estas acciones, buscamos no solo reducir los tiempos de desplazamiento para los ciudadanos, sino también minimizar el desgaste de las vías y mejorar la seguridad en ellas”, afirmó. Sin embargo, se han previsto excepciones para situaciones especiales como manifestaciones, cierres viales, paros, daños mecánicos, accidentes y abastecimiento médico. En estos casos, se permitirá el ingreso de vehículos pesados fuera de los horarios establecidos, siempre que cuenten con escolta de Agentes Civiles de Tránsito, a fin de evitar posibles robos de mercancía en contextos de conmoción social. Hasta el 15 de mayo, continuará la fase de socialización de estas nuevas políticas públicas, antes de iniciar los controles respectivos para garantizar su cumplimiento.

La historia de Banco VisionFund Ecuador comenzó en 1995, cuando inició sus operaciones bajo el nombre de FODEMI (Fondo de Desarrollo Microempresarial), con el firme propósito de brindar acceso a servicios financieros a microemprendedores del país. En el año 2016, la institución evolucionó para convertirse en banco especializado en microfinanzas, consolidando su rol como actor clave en el desarrollo del sector rural y periférico. BVFE forma parte de VisionFund Internacional, el brazo financiero de World Vision, una organización cristiana de desarrollo comunitario y ayuda humanitaria con presencia en 28 países. Gracias a este respaldo internacional, la institución se ha fortalecido y expandido, con presencia nacional en Ecuador a través de 21 agencias y su oficina matriz en la ciudad de Ibarra. Durante estas tres décadas de servicio, Banco VisionFund Ecuador ha entregado más de 100 millones de dólares en microcréditos, beneficiando a cerca de 64.000 clientes y apoyando la generación y sostenimiento de más de 77.000 empleos. Alineado a su propósito institucional, el banco ha liderado también importantes iniciativas sociales como la “Ambulancia Naranja” y brigadas médicas, que han llevado atención médica gratuita y medicamentos a comunidades de dificil acceso. Estas acciones han permitido realizar más de 15.000 atenciones a personas en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo su impacto más allá del aspecto financiero. Entre los productos y servicios que ofrece destacan: microcréditos individuales y grupales, créditos de consumo, cuentas de ahorro (incluyendo ahorro programado e infantil), inversiones, recepción de remesas con abono directo a cuenta, tarjeta de débito y la banca digital BVF en Línea (disponible vía app y computadora). Banco VisionFund Ecuador se proyecta al futuro como un referente en microfinanzas con impacto social, reafirmando su visión como “el banco de las oportunidades”. Este aniversario no solo representa un hito institucional, sino también un momento para renovar su compromiso con los clientes, aliados y comunidades que han creído en su misión. A través de su red global, más de 5 millones de niños han sido beneficiados en todo el mundo gracias a VisionFund, y el trabajo de sus equipos continúa enfocado en construir un futuro con mayor equidad, acceso y esperanza para todos.

Controles En una entrevista con Pública FM, Alex Manzano, intendente de Pichincha, informó que ya se han registrado las primeras alertas sobre la venta especulativa de mascarillas en la provincia. El enfoque de los operativos ha sido en farmacias y distribuidores, donde se ha comprobado que algunos ciudadanos compran mascarillas a precios bajos y las revenden con sobreprecio. También se realizan inspecciones en tiendas, micromercados, mercados y ferreterías, verificando la documentación de compra, los márgenes de ganancia y la correcta exhibición de precios de los productos. Se ha identificado que algunos compradores adquieren cajas de 50 mascarillas por 3 USD y las venden en paquetes de 10 mascarillas entre 2.50 USD y 3 USD. Incidente en Ipiales El intendente también se refirió a un video difundido el lunes 5 de mayo, que mostraba un incidente en el Centro Comercial Ipiales, en el norte de Quito, donde los ciudadanos se pelearon por la compra de mascarillas, a pesar de que no había desabastecimiento de productos de bioseguridad en la provincia. Sanciones De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal, la especulación de precios puede ser castigada con penas de prisión de uno a tres años. El Artículo 321 establece que quienes eleven los precios de bienes o servicios durante situaciones de escasez, calamidad o conmoción social serán sancionados con privación de libertad. Además, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor estipula que los propietarios pueden ser multados con hasta 500 salarios básicos, y los establecimientos que no cumplan con las normativas podrán ser citados o incluso clausurados. Fuente: El Telégrafo