Año: 2025

Durante la última semana, Movidelnor desarrolló actividades clave en varios cantones. Se inauguró con gran acogida el curso vacacional Seguridad Vial para los Pekes 2025, se trata de la séptima edición del vacacional insitucional dirigido por los agentes civiles de tránsito, con el objetivo de educar desde la infancia a los futuros peatones y conductores responsables. En el cantón San Lorenzo, se avanzó con la pintura de bordillos en la Av. 5 de Agosto, que forma parte de la ciclo vía local, y se instaló un nuevo semáforo para mejorar la seguridad en una zona de alta circulación. Además, se realizó una jornada de educación vial con la biciescuelita y parque vial en la parroquia Carondelet, para fomentar una cultura vial positiva desde temprana edad. “El trabajo mancomunado nos permite atender las demandas reales de nuestros territorios. Nuestra visión es clara: llegar a cada cantón, escuchar a la gente y ejecutar soluciones técnicas que mejoren la vida de todos. Hoy, más que palabras, estamos cumpliendo con acciones visibles y efectivas”, destacó Gustavo Samaniego, presidente de la Mancomunidad de Tránsito y alcalde del cantón San Lorenzo. Por su parte, Santiago Chiriboga, gerente general de Movidelnor, aseguró que las intervenciones semanales son parte de una planificación integral. “Nuestro equipo técnico recorre permanentemente los cantones para atender necesidades urgentes y estratégicas. Este trabajo articulado con los gobiernos locales garantiza resultados que aportan a la seguridad vial en el norte del país”, puntualizó.

Álvaro Castillo impulsa alternativa digital nacional para el transporte Castillo valora que el IVA se aplique ahora a estas plataformas, pero insiste en que es urgente fortalecer opciones nacionales que mantengan el dinero circulando localmente. Destacó que la nueva app fue desarrollada por jóvenes ingenieros locales, lo cual representa un logro importante para la economía y el talento local. Además, hizo un llamado a los taxistas a brindar un servicio eficiente y responsable, advirtiendo que cualquier error puede perjudicar la reputación del sistema. Dalton Dajila presenta la aplicación «Taxi Seguro»Dalton Dajila, en representación de la empresa ibarreña Hipermovilidad, anunció el lanzamiento oficial de la nueva app «Taxi Seguro», disponible en Play Store y App Store. Agradeció al alcalde, al coronel López y a entidades como ECU 911 y la Policía Nacional por su respaldo. La aplicación permite: Marco Rivadeneira: «Un paso clave para el transporte legal en Imbabura»Marco Rivadeneira, presidente de la Unión Provincial de Taxis Convencionales de Imbabura, destacó la culminación de este esperado proyecto digital. Agradeció el apoyo del municipio, Móvil del Norte y la empresa Hipermovilidad, liderada por el ingeniero Juan Pozo. Llamó a sus compañeros a cambiar de mentalidad, mejorar la presentación de los vehículos y ofrecer un trato cálido para competir dignamente con las aplicaciones internacionales.

La Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional encargada del tratamiento de la reforma a los artículos 110 y 115 de la Constitución de la República instaló el pasado martes una nueva sesión de trabajo enfocada en el análisis del financiamiento público a organizaciones políticas. Para ello, la Comisión recibió a tres expertos que expusieron sus criterios técnicos, jurídicos y académicos: el economista Nicanor Moscoso, el magíster en Derecho Tatiana Saltos y el especialista en Derecho Electoral Héctor Tapia. Moscoso criticó la actual dispersión del sistema político, señalando que existen más de 200 organizaciones registradas a escala nacional, provincial, cantonal y parroquial. “Hay candidatos que saben que no van a obtener ni el 1% del voto del electorado, y aun así reciben dinero del Estado”, cuestionó. Propuso que, en caso de no alcanzar al menos el 3% de los votos, los candidatos presidenciales u otros dignatarios deban devolver los fondos públicos recibidos. “El fondo partidario debe mantenerse, pero también fortalecerse cuando las organizaciones representan más del 5% del electorado”, añadió. Desde una perspectiva académica, Tatiana Saltos enfatizó en la necesidad de recuperar la confianza ciudadana en los partidos políticos, uno de los sectores con menor credibilidad en América Latina. Propuso que el debate legislativo se realice por artículos, para garantizar un análisis profundo y técnico. Además, expuso experiencias internacionales exitosas que podrían aplicarse en el país, como mecanismos que reducen la carga fiscal o incrementan la transparencia en el uso de los recursos. Por su parte, Héctor Tapia subrayó que las organizaciones políticas, al ser entes de derecho público, deben someterse a mayores controles financieros. Recalcó que el acceso igualitario al financiamiento está garantizado en la Constitución, pero que este debe estar regido por los principios de transparencia, equidad y formación política, especialmente para jóvenes. El presidente de la Comisión, asambleísta Esteban Torres, indicó que el debate sobre esta reforma debe realizarse con rigurosidad técnica para evitar vicios normativos y garantizar la constitucionalidad del proceso. Los legisladores miembros de la Comisión también aportaron con observaciones y preguntas dirigidas a los comparecientes. Pablo Jurado Moreno, asambleísta de Imbabura, calificó como importante el aporte de los expertos en el tema. Señaló que el país espera que el resultado de esta comisión sea una respuesta acorde a la demanda de nuestros ciudadanos. Para Jurado es importante continuar el análisis en futuras jornadas, a fin de construir un texto de reforma que equilibre la eficiencia en el uso de los recursos públicos con la calidad democrática del sistema de partidos en el país.

En un acto oficial cargado de emotividad y compromiso comunitario, el prefecto de Imbabura, Richard Calderón, entregó una motoniveladora, valorada en 275.246 dólares al Gobierno Parroquial de La Carolina, jurisdicción rural del cantón Ibarra. Esta maquinaria de última generación permitirá fortalecer las labores de mantenimiento vial. La motoniveladora será operada mediante un convenio interinstitucional entre la Prefectura y el Gobierno Parroquial, que se encargará de garantizar su funcionamiento, cubriendo los costos de combustible, repuestos y la contratación de personal especializado. Este modelo de gestión compartida reafirma el compromiso de la Prefectura con una administración eficiente, participativa y cercana a la gente.

Durante la sesión, los presidentes de las parroquias más afectadas presentaron informes preliminares con fotografías y documentos que evidencian los daños, a modo de antecedente. Aunque estos informes no contienen datos técnicos precisos, permitieron al COE activar las mesas técnicas de trabajo, que serán las responsables de realizar evaluaciones formales en territorio y entregar un diagnóstico técnico, social y económico de la situación. Resoluciones adoptadas: 1. El COE Cantonal se activa y entra en sesión permanente. – Las Comisiones Parroquiales de Emergencia de Sigsipamba y Chugá, junto al COE Cantonal, se encuentran activadas, monitoreando y coordinando acciones en el territorio. 2. Parroquias afectadas se declaran en emergencia. – Se dispone a las Comisiones Parroquiales afectadas emitir mediante documento de resolución, la declaratoria de Emergencia en estado de desastre, en atención a los daños registrados. 3. Activación de mesas técnicas. – Ante la exposición de eventos peligrosos y afectaciones a medios de vida en las parroquias de San Francisco de Sigsipamba y Chugá, se resuelve activar las mesas técnicas del COE Cantonal, que deberán remitir en un plazo máximo de 48 horas un informe técnico y una planificación operativa para atender los requerimientos más urgentes. 4. Ejecución de planificaciones operativas. – Cada mesa técnica deberá implementar una planificación de acciones concretas en temas prioritarios como: -Agua potable. -Educación. -Salud. -Servicios básicos esenciales. -Evaluación de vías. -Asistencia humanitaria y condiciones sociales. -Estado de viviendas e infraestructura. -Medios de vida y productividad. -Atención a personas en condición de vulnerabilidad 5. Solicitar evaluación. – Solicitar a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos evaluar la situación para la posible emisión de una alerta oficial, que permita gestionar recursos y definir presupuestos adecuados. 6. Evaluación de la capacidad de respuesta. – Se analizará si la capacidad de respuesta interinstitucional ha logrado solucionar o mitigar las afectaciones presentadas.  ESTRUCTURA DE MESAS TÉCNICAS DE ATENCIÓN HUMANITARIA Y COMPLEMENTARIA ACTIVADAS: Estas mesas ya se encuentran trabajando en campo, recopilando información técnica y real para establecer estrategias eficaces de respuesta. Declaraciones del alcalde Óscar Narváez: “Pimampiro ha atravesado un invierno atípico, especialmente en la cordillera oriental. Las parroquias de San Francisco de Sigsipamba y Chugá enfrentan una situación crítica: hay colapso vial, viviendas afectadas y zonas incomunicadas. En San Francisco, por ejemplo, no hay acceso a la cabecera cantonal; las captaciones de agua están dañadas y el abastecimiento se realiza por horas y desde vertientes provisionales.” El alcalde también destacó el trabajo conjunto entre la Prefectura, el Municipio y los GAD Parroquiales, aclaró que a pesar de los trabajos realizados aún no es posible una solución permanente, pues los daños se reactivan con nuevas lluvias. En Chugá, varias familias han sido evacuadas por el deterioro estructural de sus viviendas, en agua potable el servicio está activo por horas. En tanto, San Francisco de Sigsipamba es crítico porque presentan problemas en el sistema de agua potable, ya que dependen de juntas regionales afectadas por el mal tiempo, además el tema de mesas viales se encuentra afectadas porque las vías colapsadas. […]

En su carta, Varela destaca haber culminado una “etapa histórica” en la transformación institucional, pasando “de lo reactivo a lo estratégico, del control aislado a la presencia territorial y del discurso a los resultados”. Aunque no detalla motivos específicos, se interpreta como una decisión personal al cierre de un ciclo institucional. Durante su gestión, ejecutó más de 250 operativos interinstitucionales, impulsó el proyecto ANKA —definido como pionero a nivel nacional— y promovió reformas normativas, además de brindar acompañamiento técnico a los GADs. Varela agradeció a su equipo de trabajo, en especial a los Comisarios Nacionales, y aseguró que su salida se produce “sin escándalos, sin improvisación y con la frente en alto”. Concluyó con una reflexión: “la seguridad se construye con lealtad, trabajo en equipo y compromiso, no con luces ni protagonismos”.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador informa que, a partir del 29 de julio, será obligatorio para los pasajeros y tripulantes que ingresen o salgan del país con bienes sujetos a declaración, llenar el Formulario de Registro Aduanero (FRA). La medida responde al artículo 84 de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. El llenado del formulario se realizará principalmente en línea, aunque excepcionalmente podrá presentarse en formato físico. El formulario está disponible en la página oficial de la Aduana: www.aduana.gob.ec.

El despliegue militar se efectuó con personal trasladado en vehículos administrativos y tácticos. En el terreno, se estableció un dispositivo de seguridad que permitió tomar control de las zonas críticas e iniciar la búsqueda de objetivos vinculados con redes ilegales. La operación militar también contó con el apoyo aéreo de aeronaves Super Tucano, así como de helicópteros Fennec y Ecureuil, que brindan seguridad permanente a las tropas desplegadas en tierra. Asimismo, organizaciones sociales han exigido el desalojo total de los frentes de minería ilegal, Grupos Delictivos Organizados y grupos armados en concesiones mineras otorgadas sin consulta previa a la empresa Hanrine, subsidiaria de la transnacional Hancock Prospecting. Exigimos la inscripción en el Registro Minero de la Coordinación Zonal Imbabura actual #ARCOM, la Resolución MEM-VM-2023-0004-RM de 28 de marzo de 2023, que suspende el proyecto IMBAS, la empresa minera HANRINE se beneficia del conflicto socioambiental.