GOBIERNO AVANZA EN LA ENTREGA DE INCENTIVOS PARA REDUCIR BRECHA SOCIAL

El Ecuador es un Estado indivisible, y la soberanía pertenece a todos los ecuatorianos, sin distinción ni privilegios. Ningún grupo, organización o territorio puede imponer su voluntad sobre el resto de la Nación mediante la violencia, la intimidación o la paralización de servicios públicos. Los derechos de la mayoría de los ecuatorianos merecen respeto. El Presidente de la República ha decretado el estado de excepción en varias provincias con el fin de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público. Quienes incurran en actos de terrorismo, bloqueos ilegales de vías o violencia organizada serán sancionados conforme a la ley. Esto no es represión: es cumplirla. Nadie está por encima de la ley. Hoy, ciertos actores políticos buscan sembrar dudas e imponer sus exigencias sobre el mandato popular. Entre sus demandas se encuentra suspender el proyecto minero en Quimsacocha. A esos pocos que fueron derrotados en las urnas, les recordamos: el Estado no continuará con su ejecución, y nos encontramos a la espera de que el Municipio de Cuenca y la Prefectura del Azuay entreguen los informes técnicos correspondientes. La responsabilidad sobre este proyecto recaerá en dichas autoridades locales. El Gobierno Nacional, por su parte, ha demostrado con hechos concretos que trabaja en beneficio de todos los ecuatorianos. En todas las provincias del país, pero especialmente en la Sierra Centro, se han entregado recursos, obras e inversiones en seguridad e infraestructura. Hemos sido leales al pueblo al priorizar que los recursos de la Nación lleguen a quienes más lo necesitan, mediante iniciativas como el Bono Raíces, la entrega de maquinaria agrícola, la inclusión de más familias en los sistemas de protección social y los diálogos permanentes con el sector del transporte. No se debe olvidar que el actual Gobierno fue elegido en las urnas, con resultados claros en primera y segunda vuelta. Quienes hoy pretenden imponer su voluntad al margen de la ley deben comprender que la única vía legítima para gobernar es el voto popular. En ese mismo espíritu, la convocatoria a una Asamblea Constituyente representa una oportunidad histórica para que los sectores, de ser elegidos, participen en el cambio estructural que demanda el país. Con democracia, y no con la fuerza. Rechazar preguntas en una consulta popular es respetable; rechazar la consulta misma es negarle al pueblo el derecho a decidir. La consulta popular es la forma más directa de democracia: devolver el poder a los ciudadanos. Este Gobierno no se detendrá por presiones políticas ni por cálculos electorales. Avanzaremos con firmeza, poniendo siempre en primer lugar los intereses del país, y no los de quienes viven del conflicto.