A través de una inversión de 275 mil dólares, el organismo impulsa el desarrollo territorial y reafirma su compromiso con las comunidades rurales.
El equipo pesado permitirá una mejor atención en el tema vial en esta parroquia
En un acto oficial cargado de emotividad y compromiso comunitario, el prefecto de Imbabura, Richard Calderón, entregó una motoniveladora, valorada en 275.246 dólares al Gobierno Parroquial de La Carolina, jurisdicción rural del cantón Ibarra. Esta maquinaria de última generación permitirá fortalecer las labores de mantenimiento vial.
Durante la ceremonia, que contó con la presencia de autoridades parroquiales, líderes comunitarios y ciudadanos del sector, el prefecto destacó que esta entrega responde a una política clara de su administración, orientada a dignificar la ruralidad mediante obras concretas y efectivas.
La motoniveladora será operada mediante un convenio interinstitucional entre la Prefectura y el Gobierno Parroquial, que se encargará de garantizar su funcionamiento, cubriendo los costos de combustible, repuestos y la contratación de personal especializado. Este modelo de gestión compartida reafirma el compromiso de la Prefectura con una administración eficiente, participativa y cercana a la gente.
La Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional encargada del tratamiento de la reforma a los artículos 110 y 115 de la Constitución de la República instaló el pasado martes una nueva sesión de trabajo enfocada en el análisis del financiamiento público a organizaciones políticas. Para ello, la Comisión recibió a tres expertos que expusieron sus criterios técnicos, jurídicos y académicos: el economista Nicanor Moscoso, el magíster en Derecho Tatiana Saltos y el especialista en Derecho Electoral Héctor Tapia. Moscoso criticó la actual dispersión del sistema político, señalando que existen más de 200 organizaciones registradas a escala nacional, provincial, cantonal y parroquial. “Hay candidatos que saben que no van a obtener ni el 1% del voto del electorado, y aun así reciben dinero del Estado”, cuestionó. Propuso que, en caso de no alcanzar al menos el 3% de los votos, los candidatos presidenciales u otros dignatarios deban devolver los fondos públicos recibidos. “El fondo partidario debe mantenerse, pero también fortalecerse cuando las organizaciones representan más del 5% del electorado”, añadió. Desde una perspectiva académica, Tatiana Saltos enfatizó en la necesidad de recuperar la confianza ciudadana en los partidos políticos, uno de los sectores con menor credibilidad en América Latina. Propuso que el debate legislativo se realice por artículos, para garantizar un análisis profundo y técnico. Además, expuso experiencias internacionales exitosas que podrían aplicarse en el país, como mecanismos que reducen la carga fiscal o incrementan la transparencia en el uso de los recursos. Por su parte, Héctor Tapia subrayó que las organizaciones políticas, al ser entes de derecho público, deben someterse a mayores controles financieros. Recalcó que el acceso igualitario al financiamiento está garantizado en la Constitución, pero que este debe estar regido por los principios de transparencia, equidad y formación política, especialmente para jóvenes. El presidente de la Comisión, asambleísta Esteban Torres, indicó que el debate sobre esta reforma debe realizarse con rigurosidad técnica para evitar vicios normativos y garantizar la constitucionalidad del proceso. Los legisladores miembros de la Comisión también aportaron con observaciones y preguntas dirigidas a los comparecientes. Pablo Jurado Moreno, asambleísta de Imbabura, calificó como importante el aporte de los expertos en el tema. Señaló que el país espera que el resultado de esta comisión sea una respuesta acorde a la demanda de nuestros ciudadanos. Para Jurado es importante continuar el análisis en futuras jornadas, a fin de construir un texto de reforma que equilibre la eficiencia en el uso de los recursos públicos con la calidad democrática del sistema de partidos en el país.
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