Mes: mayo 2025

El prefecto de Imbabura, Richard Calderón, firmó con el alcalde del cantón Urcuquí, Jorge Manrique, el convenio de cooperación interinstitucional y transferencia de recursos, con el objetivo de ejecutar obras viales, a través de la fórmula de delegación de competencias y gestión concurrente, en beneficio de la población del territorio de Urcuquí. A través de esta acción, se pondrá en marcha el adoquinado de la calle Carlos Humberto de la Torre, entre la avenida Arcángel San Miguel y la calle San José; la calle San José, vía a Yachay, entre la calle Carlos Humberto de la Torre y el Subcentro de Salud “Juan Martín Moreira”; y, la vía que conduce a la Unidad Educativa del Milenio “Yachay”. De acuerdo con el compromiso suscrito, la Prefectura aporta con un monto económico de 150.000 dólares, que servirán exclusivamente para la compra de adoquines. En ese mismo orden, designó un administrador del convenio, el cual tendrá la responsabilidad de realizar el seguimiento de la inversión, mediante informes que se levantarán en el transcurso de las obras. En total, 367.325 dólares costará la ejecución de estos proyectos, resumidos en el movimiento de tierras, colocación de subbase; procesos de contratación; compra de adoquines; y, otros ajustes económicos que se dan en este tipo de trabajos. El mejoramiento vial beneficiará, de manera directa, a 6.551 habitantes, pertenecientes a la cabecera cantonal y a 17.969 de todo este territorio, tomando en cuenta que la vía hacia la Unidad Educativa del Milenio “Yachay”, se encuentra en un sitio rural, por donde circulan diariamente cientos de personas, para cumplir actividades ligadas a la educación y a la producción agrícola.

Estas medidas, contempladas en el proyecto de Ordenanza para la regulación y control de la circulación vehicular en el cantón, establecen horarios específicos para carga y descarga, así como rutas exclusivas para el ingreso y egreso a la ciudad, con el fin de reducir el congestionamiento vehicular y mejorar la movilidad urbana. Mauricio Larrea, gerente de transporte y planificación de esta institución, explicó que esta regulación responde a un análisis técnico que busca equilibrar las necesidades comerciales con el flujo vehicular de la ciudad. “Se han definido horarios exclusivos para la carga y descarga de productos en estos establecimientos, que serán de 09h00 a 11h30 y de 19h00 a 6h00, a fin de evitar congestionamientos en las horas de mayor circulación”, señaló Larrea. Por su parte, Michael Jiménez, titular de Movidelnor, destacó los beneficios de esta medida para la ciudad. “Con estas acciones, buscamos no solo reducir los tiempos de desplazamiento para los ciudadanos, sino también minimizar el desgaste de las vías y mejorar la seguridad en ellas”, afirmó. Sin embargo, se han previsto excepciones para situaciones especiales como manifestaciones, cierres viales, paros, daños mecánicos, accidentes y abastecimiento médico. En estos casos, se permitirá el ingreso de vehículos pesados fuera de los horarios establecidos, siempre que cuenten con escolta de Agentes Civiles de Tránsito, a fin de evitar posibles robos de mercancía en contextos de conmoción social. Hasta el 15 de mayo, continuará la fase de socialización de estas nuevas políticas públicas, antes de iniciar los controles respectivos para garantizar su cumplimiento.

La historia de Banco VisionFund Ecuador comenzó en 1995, cuando inició sus operaciones bajo el nombre de FODEMI (Fondo de Desarrollo Microempresarial), con el firme propósito de brindar acceso a servicios financieros a microemprendedores del país. En el año 2016, la institución evolucionó para convertirse en banco especializado en microfinanzas, consolidando su rol como actor clave en el desarrollo del sector rural y periférico. BVFE forma parte de VisionFund Internacional, el brazo financiero de World Vision, una organización cristiana de desarrollo comunitario y ayuda humanitaria con presencia en 28 países. Gracias a este respaldo internacional, la institución se ha fortalecido y expandido, con presencia nacional en Ecuador a través de 21 agencias y su oficina matriz en la ciudad de Ibarra. Durante estas tres décadas de servicio, Banco VisionFund Ecuador ha entregado más de 100 millones de dólares en microcréditos, beneficiando a cerca de 64.000 clientes y apoyando la generación y sostenimiento de más de 77.000 empleos. Alineado a su propósito institucional, el banco ha liderado también importantes iniciativas sociales como la “Ambulancia Naranja” y brigadas médicas, que han llevado atención médica gratuita y medicamentos a comunidades de dificil acceso. Estas acciones han permitido realizar más de 15.000 atenciones a personas en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo su impacto más allá del aspecto financiero. Entre los productos y servicios que ofrece destacan: microcréditos individuales y grupales, créditos de consumo, cuentas de ahorro (incluyendo ahorro programado e infantil), inversiones, recepción de remesas con abono directo a cuenta, tarjeta de débito y la banca digital BVF en Línea (disponible vía app y computadora). Banco VisionFund Ecuador se proyecta al futuro como un referente en microfinanzas con impacto social, reafirmando su visión como “el banco de las oportunidades”. Este aniversario no solo representa un hito institucional, sino también un momento para renovar su compromiso con los clientes, aliados y comunidades que han creído en su misión. A través de su red global, más de 5 millones de niños han sido beneficiados en todo el mundo gracias a VisionFund, y el trabajo de sus equipos continúa enfocado en construir un futuro con mayor equidad, acceso y esperanza para todos.

Controles En una entrevista con Pública FM, Alex Manzano, intendente de Pichincha, informó que ya se han registrado las primeras alertas sobre la venta especulativa de mascarillas en la provincia. El enfoque de los operativos ha sido en farmacias y distribuidores, donde se ha comprobado que algunos ciudadanos compran mascarillas a precios bajos y las revenden con sobreprecio. También se realizan inspecciones en tiendas, micromercados, mercados y ferreterías, verificando la documentación de compra, los márgenes de ganancia y la correcta exhibición de precios de los productos. Se ha identificado que algunos compradores adquieren cajas de 50 mascarillas por 3 USD y las venden en paquetes de 10 mascarillas entre 2.50 USD y 3 USD. Incidente en Ipiales El intendente también se refirió a un video difundido el lunes 5 de mayo, que mostraba un incidente en el Centro Comercial Ipiales, en el norte de Quito, donde los ciudadanos se pelearon por la compra de mascarillas, a pesar de que no había desabastecimiento de productos de bioseguridad en la provincia. Sanciones De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal, la especulación de precios puede ser castigada con penas de prisión de uno a tres años. El Artículo 321 establece que quienes eleven los precios de bienes o servicios durante situaciones de escasez, calamidad o conmoción social serán sancionados con privación de libertad. Además, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor estipula que los propietarios pueden ser multados con hasta 500 salarios básicos, y los establecimientos que no cumplan con las normativas podrán ser citados o incluso clausurados. Fuente: El Telégrafo

Su nivel de contaminación ha alcanzado una calificación de 7 sobre 10, lo que lo ubica en una situación crítica según los parámetros del Ministerio del Ambiente. Cada hora, se descargan cerca de 68.000 litros de aguas residuales sin tratamiento en el lago, agravando el problema debido a que 14 plantas de tratamiento en la zona están fuera de funcionamiento. Este proceso se basa en el artículo 151, literal c) de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, que considera una infracción muy grave el vertido de aguas contaminadas en cuerpos hídricos sin tratamiento previo. Si se determina responsabilidad, la sanción podría alcanzar entre cinco y once salarios básicos. La viceministra de Ambiente, María Luisa Cruz, realizó una visita al lago San Pablo junto con técnicos de la Agencia de Regulación y Control del Agua, quienes tomaron muestras en distintos puntos para evaluar el impacto ambiental y obtener información actualizada. Por su parte, el gobernador de Imbabura, Juan Sebastián Echeverría, fue claro al afirmar que se aplicará la ley con rigor contra los responsables, quienes podrían enfrentar sanciones tanto administrativas como penales. El procedimiento iniciado por el MAATE está en curso, y la Municipalidad de Otavalo tiene un plazo de una semana para presentar pruebas de las medidas adoptadas para reducir el impacto ambiental en el lago.

La inclusión de esta versión alterada del Símbolo Patrio ha generado indignación en diversos sectores políticos, sociales y jurídicos, quienes exigen explicaciones y sanciones. Analistas y juristas coinciden en que el hecho podría constituir una infracción o incluso un delito, según lo estipulado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). El artículo 396 del COIP establece sanciones para quienes «ultrajen, deshonren o menosprecien» los símbolos patrios, como la bandera, el escudo o el himno nacional. Modificar los colores oficiales, especialmente en contextos institucionales como un comunicado oficial de la Policía Nacional, puede ser interpretado como una falta de respeto a la identidad nacional y a la normativa constitucional. La acción del comandante Dávila no solo se da en un entorno oficial, sino que ha sido difundida desde una Institución Pública, lo que agrava su impacto. Algunos sectores han señalado que, si la justicia actúa con claridad y firmeza, el general debería ser investigado, destituido y sancionado conforme a la ley. Este caso abre un debate más amplio sobre el respeto a los Símbolos Patrios y el uso de la Institucionalidad Pública para fines que pueden ser percibidos como partidistas, lo cual vulnera principios de neutralidad del Estado. Fuente: IC-Play

En días recientes, los representantes de estas dos instituciones, suscribieron la renovación del convenio de cooperación interinstitucional, mismo que tiene como objetivo desarrollar procesos de formación, acompañamiento y asistencia técnica, enfocados en fortalecer las líneas de acción que mantienen las dos instituciones. Por su parte Edison Cabrera, coordinador de Fundación Tierra para Todos en Lago Agrio, manifestó que el apoyo mutuo entre instituciones es fundamental para llegar con mejores servicios a la ciudadanía.

Para este proceso, el Ministerio de Educación ofertará un total de 1.000 partidas vacantes distribuidas a nivel nacional, con el objetivo de atender la demanda en instituciones fiscales y garantizar una educación de calidad para niñas, niños y adolescentes del país. Este concurso se enmarca en los esfuerzos del Gobierno Nacional por fortalecer el sistema educativo ecuatoriano, incorporando profesionales comprometidos con la enseñanza y con el desarrollo integral de sus estudiantes; a través de un proceso técnico, riguroso y, sobre todo, transparente, en el que se busca seleccionar a los mejores perfiles, con la condición de aptos, para el ejercicio docente en áreas fundamentales para la formación de la juventud ecuatoriana. Los postulantes aptos deberán cumplir con los siguientes requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y la normativa vigente: La incorporación de nuevos profesionales a la carrera docente es una prioridad estratégica del Ministerio de Educación, liderado por la ministra Alegría Crespo. Este concurso representa una oportunidad única para los profesionales del país, quienes podrán acceder a una plaza en el magisterio fiscal mediante un proceso meritocrático que promueve la igualdad y la transparencia. Asimismo, esta convocatoria responde a la necesidad de contar con docentes calificados en la oferta de Bachillerato Técnico que contribuye a la preparación de los jóvenes para que puedan insertarse en sectores estratégicos productivos y/o sociales. Este hito en el fortalecimiento del Bachillerato Técnico establece un puente entre el Nivel Bachillerato y la educación superior técnica y tecnológica, aportando al cierre de brechas sociales y económicas.