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- Después de la decisión de pedir que los niños usen mascarillas en las unidades educativas de Ecuador para prevenir enfermedades respiratorias, las autoridades han reforzado los controles para evitar el aumento injustificado de precios en la venta de mascarillas y otros productos de bioseguridad.
Controles
En una entrevista con Pública FM, Alex Manzano, intendente de Pichincha, informó que ya se han registrado las primeras alertas sobre la venta especulativa de mascarillas en la provincia.
Los controles se están llevando a cabo en todo el país con la colaboración del Servicio de Rentas Internas (SRI), la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), las autoridades de control urbano, la Policía Nacional y los comisarios.
El enfoque de los operativos ha sido en farmacias y distribuidores, donde se ha comprobado que algunos ciudadanos compran mascarillas a precios bajos y las revenden con sobreprecio. También se realizan inspecciones en tiendas, micromercados, mercados y ferreterías, verificando la documentación de compra, los márgenes de ganancia y la correcta exhibición de precios de los productos.
Se ha identificado que algunos compradores adquieren cajas de 50 mascarillas por 3 USD y las venden en paquetes de 10 mascarillas entre 2.50 USD y 3 USD.
Incidente en Ipiales
El intendente también se refirió a un video difundido el lunes 5 de mayo, que mostraba un incidente en el Centro Comercial Ipiales, en el norte de Quito, donde los ciudadanos se pelearon por la compra de mascarillas, a pesar de que no había desabastecimiento de productos de bioseguridad en la provincia.
Sanciones
De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal, la especulación de precios puede ser castigada con penas de prisión de uno a tres años. El Artículo 321 establece que quienes eleven los precios de bienes o servicios durante situaciones de escasez, calamidad o conmoción social serán sancionados con privación de libertad.
Además, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor estipula que los propietarios pueden ser multados con hasta 500 salarios básicos, y los establecimientos que no cumplan con las normativas podrán ser citados o incluso clausurados.
Fuente: El Telégrafo
