En la parroquia Mariano Acosta, se ha reportado que varios perros habrían sido envenenados, recibiendo veneno a través de comida dada por personas inescrupulosas.
Perros envenenados en la parroquia Mariano Acosta generan alarma en la comunidad
Esta situación ha generado una gran preocupación entre los moradores, estás mascotas son parte de la fauna urbana, viven por todo el poblado.
En respuesta a estos actos de crueldad, se hace un llamado a las autoridades realicen una investigación exhaustiva.
Desde junio del 2020, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador estableció sanciones para quienes maltraten animales.
Según el Artículo 250 numeral 1, la pena por causar la muerte de un animal de fauna urbana es de 6 meses a 1 año de cárcel, además de una multa de 4.250 dólares.
Si la muerte es el resultado de un acto de crueldad, como el envenenamiento, la pena aumenta a entre 1 a 3 años de cárcel, aplicándose la máxima sanción si la causa de la muerte es la ingesta de sustancias tóxicas.
Este acto de crueldad ha causado preocupación en la comunidad, que exige justicia y una respuesta urgente de las autoridades competentes.
Hasta la fecha, se han registrado 780 unidades de 70 operadoras de transporte en los Centros de Revisión Técnica Vehicular (CRTV) de Ibarra, Otavalo y San Gabriel. Según Michael Jiménez, gerente general de Movidelnor EP, los propietarios de estas unidades pueden acceder al proceso mediante una solicitud y serán atendidos según un cronograma establecido. Jiménez resaltó la importancia de este trámite, que permite que las unidades cumplan con las regulaciones legales y operen en condiciones óptimas. “El objetivo es garantizar que las unidades públicas y comerciales cumplan con los estándares técnicos exigidos por la normativa, promoviendo la seguridad vial, reduciendo la contaminación ambiental y minimizando los accidentes de tránsito relacionados con fallas mecánicas”, indicó. Marcelo Morillo, gerente técnico vehicular de Movidelnor EP, destacó que el proceso brinda una atención exclusiva y personalizada que consiste en obtener la matrícula y revisión técnica independiente del número de placa de las unidades. Añadió que los CRTV de la Mancomunidad Tránsito Norte son los únicos en el país que cumplen con las garantías nacionales exigidas por la Agencia Nacional de Tránsito. “Nuestros equipos están debidamente calibrados y en perfecto estado de funcionamiento que aseguran un servicio técnico confiable”, aseguró. Los vehículos que presenten defectos técnico-mecánicos durante la revisión tendrán un plazo máximo de 30 días para realizar una segunda revisión sin costo, limitada exclusivamente a verificar las observaciones detectadas. Diana Estévez, presidente de la cooperativa 28 de Septiembre, expresó su respaldo a la iniciativa. “Es una oportunidad para el sector del transporte de acogerse a un beneficio que nos permite circular con tranquilidad y en apego a la ley y que garantiza que nuestras unidades no representan un peligro para nadie”, manifestó.
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