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URCUQUÍ. Laura Romero Caicedo, de 69 años de edad, fue llamada a rendir versión, por parte de la Fiscalía General del Estado, en el cantón Urcuquí, por ser sospechosa de los hechos suscitados el 11 de octubre de este año, en la parroquia La Merced de Buenos Aires, ubicada en el cantón Urcuquí, provincia de Imbabura.
A ella la denuncian por daño a bienes de la Policía Nacional y a un predio privado de la empresa minera Hanrine. “Yo no he estado ahí y eso de lanzar piedras qué voy a poder a mi edad”, dijo.
Así como ella, otras tres personas fueron a dar sus versiones de los hechos, el día de hoy en la Fiscalía. Se conoció que algunos de los citados ni siquiera estuvieron presentes en los altercados dados en la parroquia por el tema minero, por lo que les causa indignación este tipo de acusaciones.
Plantón
Para respaldar a sus compañeros y levantar su voz de lucha contra la minería, moradores de esta zona, así como de Cahuasquí y del Valle de Íntag (Cotacachi), realizaron un plantón frente a las instalaciones de la Fiscalía en Urcuquí.
“La codicia de unos pocos nos matará a todos”; “Defendemos nuestros derechos, no nos criminalicen”; “Por el agua, la vida y la dignidad de nuestro pueblo, cero minerías”; “Fiscalía escucha la voz de un pueblo. Basta de amedrentar a nuestra gente, somos defensores de la naturaleza”…, fueron algunos de los mensajes plasmados en varios carteles.
Edwin Armas, oriundo de Buenos Aires y quien acudió al plantón, expresó que los pobladores aún están atravesando una situación crítica por la minería y más ahora que algunos de sus compañeros están siendo acusados por la empresa Hanrine. “Nos acusan de vandalismo, incluso de terrorismo. Y es indignante que acusen a personas de la tercera edad y a otras que no han estado”.
Altercados
Mientras se desarrollaba la comparecencia de versiones dentro de la Fiscalía, afuera se presentó un altercado con un periodista de la ‘Agencia Prensa Minera’, quien, de acuerdo a los moradores de Buenos Aires, ha escrito artículos donde acusa a los comuneros de “terroristas”. “Nos acusan de lo peor cuando la situación es diferente”, expresó uno de los afectados.
Defensa
Más de cuatro horas le tomó a la fiscal a cargo del caso tomar cada una de las versiones, dentro de la etapa de indagación previa. Se conoció que por este proceso existen aproximadamente 30 personas sospechosas, de las cuales 12 han sido notificadas para rendir versiones.
La abogada de los moradores de Buenos Aires, que por seguridad prefirió no dar su nombre, expuso que la Fiscalía tiene que tener evidencias de cargo y descargo para saber cuáles son los verdaderos responsables. “Incluso puede ser gente que apoya a la minera y les hizo esto para que les procesen a ellos (moradores de Buenos Aires)”.
Agregó que se espera que la Fiscalía realice un trabajo probo y que se investiguen los otros indicios tanto de minería ilegal como de intimidación.
Respaldo
Por otro lado, a través de un comunicado, el Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador (Omasne) explica que, en Buenos Aires, a tres años de haber sido invadidos por mineros ilegales, “lejos de ver reparados sus derechos hoy se enfrentan al poder de la transnacional minera Hanrine (…)”.
Y como si fuera poco, agregaron que actualmente se han abierto dos procesos en Fiscalía en contra de los defensores de la naturaleza, que involucra a más de 50 comuneros, supuestamente, por haber destruido bienes privados.
“Una vez más las empresas y el Estado emprenden una cacería de brujas contra campesinos que están poniendo su cuerpo a la defensa de los bienes comunes de las y los ecuatorianos”, detallaron, mencionando que, por esto, desde Omasne, se seguirá respaldando la lucha contra la minería.
