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Imbabura. Los gremios de transportistas en todas sus modalidades de la provincia de Imbabura viven las consecuencias del Covid-19, que ha limitado su trabajo. Pero a esto se suma el transporte informal, que ganó más terreno en esta pandemia.
Desde la Empresa Pública de Movilidad del Norte (EPM) se informó que la cifra de sancionados por transporte informal repuntó en los últimos meses. Afirmaron que en este tiempo se sancionó a unas 1.000 personas.
Esto se debe, según Miguel Macay, gerente operativo de la EPM, a que al transporte público, debido a decisiones del COE Nacional, se les impidió laborar por la pandemia, por lo que la “informalidad proliferó”.
Por parte de los transportistas, se ratificó que este problema no nació con la pandemia, sino que viene de años atrás. Pero agregaron que resulta innegable que se aumentó en un buen porcentaje desde que se establecieron las limitaciones de movilidad.
Mientras que Segundo Chisilema, quien se dedicó al transporte informal en la pandemia, explicó que su fin es solo trabajar para poder subsistir, ya que él perdió su trabajo al mes de haber iniciado la cuarentena.
“Esta fue la forma de poder conseguir dinero para poder alimentar a la familia. No estoy quitando el trabajo a nadie, porque voy donde el transporte normal no llega”, apuntó.
Caso Imantag
Las zonas rurales, de acuerdo al gremio de transportistas, es donde más casos de informalidad existe.
El reciente lunes, comuneros de la parroquia de Imantag, perteneciente al cantón Cotacachi, retuvieron a dos agentes civiles de tránsito que se encontraban realizando operativos en este sector, exigiendo que no se realicen los controles. La Policía Nacional tuvo que intervenir para que liberen a los uniformados de tránsito.
Jairo Lozano, presidente de la asociación de transportistas del cantón Cotacachi, rechazó la ilegalidad del transporte en Imantag.
“Algunos comuneros han iniciado la actividad informal del transporte poniendo en peligro la vida de muchas personas y han reaccionado violentamente ante los operativos de control, incluso con el secuestro de funcionarios públicos y solicitando pedidos que van por encima de la Ley, lo que rechazamos totalmente”, dijo.
Desde la EPM se indicó que seguirán realizando controles para hacer cumplir la ley, aclarando que se respalda el derecho al trabajo, pero se rechaza la ilegalidad del transporte.
