
La Fiscalía General del Estado informó que Yonatan S. y Lázaro M., ciudadanos de nacionalidad colombiana, recibieron la condena de 19 años y cuatro meses de cárcel, al ser encontrados culpables como autores del delito de homicidio agravado, ocurrido en la parroquia de Buenos Aires, cantón Urcuquí, en Imbabura.
“Este es el resultado de la investigación efectuada por la fiscal de ese cantón, Jéssica Andrade, en coordinación con la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased Imbabura)”, expusieron.
Por el control de las minas
El detalle de Fiscalía da cuenta que la madrugada del 23 de junio de 2019, los procesados Yonatan S. y Lázaro M., quienes formaban parte de un grupo armado, atacaron a la víctima con armas de fuego, presuntamente por el control de la zona, que estaba repleta de mineros ilegales, lo que conllevó a otros delitos y hasta a declarar Estado de Excepción, para que las autoridades puedan intervenir y desalojar a las miles de personas que desarrollaban actividades ilícitas en Buenos Aires.
Cuando fueron detenidos, en su poder se encontraron prendas de vestir de uso militar, radios de comunicación y cuadernos que contenían manuscritos.
En la audiencia de juzgamiento, a través de las pruebas expuestas, la Fiscalía demostró que Yonatan S. y Lázaro M. causaron la muerte de Xavier C. (ciudadano venezolano), conocido como ‘El Doctor’, con el objetivo de tomar el control de las minas en la parroquia de Buenos Aires, donde se llevaban a cabo las actividades ilícitas de recursos mineros.
Entre las pruebas presentadas se incluyen el informe ocular técnico, en el que se verificó que el cadáver había sido envuelto en cobijas y enterrado en la zona conocida como ‘Mina Vieja’, donde fue encontrado semanas después de su muerte.
También se presentó el informe médico-legal, que determinó que la causa de la muerte fue una hemorragia interna aguda, laceración de pulmones e hígado, debido a la penetración y paso de proyectiles de arma de fuego. Además, constan las pericias de extracción de información, de audio y video, cotejamiento de voces, de identidad humana y antropológicas, que, según la Fiscalía, fueron determinantes para obtener la sentencia condenatoria.
