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El delito inició en Quito y continuó en Urcuquí, en Imbabura, según la Fiscalía. El responsable, Marco S., al finalizar la audiencia de juzgamiento en el Tribunal de Garantías Penales de Imbabura, recibió la sentencia de 22 años de pena privativa de libertad, por el delito de violación cometido en contra de su hija, menor de edad, quien tiene una discapacidad intelectual del 41%.
“Este es resultado de la labor investigativa efectuada por la fiscal Jéssica Andrade, quien presentó ante el Tribunal las pruebas que demostraron que el delito se cometió al inicio en Quito y continuó en Urcuquí, pues la familia se trasladó a residir en este lugar y la víctima se encontraba bajo el cuidado de sus padres”, detallaron desde la Fiscalía.
Juicio
Como elementos probatorios presentados, entre ellos las pericias psicológicas y de entorno social de la niña, se contó con testimonios anticipados de la víctima, de la hermana menor (testigo del hecho) y de la tía paterna, que fue la única familiar que colaboró en la investigación.
Según el detalle judicial, la tía paterna comunicó lo ocurrido a la escuela donde la menor estudiaba, en Urcuquí, luego la institución educativa emitió una alerta a la Junta Cantonal de Protección de Derechos e inmediatamente la Fiscalía activó los protocolos establecidos para investigar el hecho delictivo, es decir varias instituciones trabajaron articuladamente apenas conocieron el caso.